El Informe FOESSA revela que 352.000 personas permanecen en exclusión social en Castilla y León

La vivienda, la salud y la falta de oportunidades para los jóvenes se consolidan como los principales factores de fragilidad social en la comunidad autónoma

DELEGACIÓN DE MEDIOS

Castilla y León mantiene en 2024 unos niveles de integración social inferiores a los registrados antes de la pandemia. Así lo confirma el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, presentado este lunes, 24 de noviembre, en Valladolid en el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL) por Cáritas Autonómica y la Fundación FOESSA. El estudio revela que 352.000 personas, el 14,8% de la población, continúan en situación de exclusión social, mientras que la integración plena apenas alcanza al 55,2%, lejos del 58,9% registrado en 2018.

En la presentación han intervenido el presidente del CESCYL, Enrique Cabero; el presidente de Cáritas Autonómica, Guenther E. Boelhoff; y Pedro Fuentes, miembro del Comité Técnico de FOESSA. Tras la rueda de prensa, tuvo lugar una jornada de análisis en la que también participaron el arzobispo de Valladolid, Mons. Luis Argüello, y el catedrático de Economía Aplicada Óscar Carpintero.

Una recuperación más lenta que en el conjunto del país

El informe sitúa a Castilla y León en una posición globalmente más favorable que el conjunto de España —con un 85,1% de población integrada frente al 80,7% estatal—, pero advierte de que la recuperación social está siendo más limitada. Entre 2021 y 2024, la exclusión social solo retrocede 3,2 puntos en la comunidad, frente a los 4,1 puntos de mejora registrados a nivel estatal.
Aunque la exclusión severa desciende de forma similar en ambos territorios (3,9 puntos), la exclusión moderada apenas experimenta cambios y sigue afectando a un amplio sector de la población.

La vivienda, principal foco de exclusión

La vivienda continúa siendo la dimensión más crítica: uno de cada cinco hogares (20,1%) sufre algún tipo de exclusión residencial. Los gastos excesivos de vivienda afectan ya al 18,4% de la población y han experimentado un incremento de 10 puntos desde 2018. El informe atribuye esta tendencia al notable encarecimiento del mercado residencial, cuyo precio ha aumentado un 31,5% en los últimos seis años, tensionando especialmente a los hogares con menos recursos.

A este deterioro se suman problemas como la tenencia precaria o las condiciones inadecuadas de habitabilidad, aunque con menor prevalencia.

Los jóvenes, el colectivo más afectado

La juventud emerge como uno de los grupos más vulnerables: el 24,6% de las personas de entre 18 y 29 años se encuentra en situación de exclusión social, una tasa muy superior a la media general. El informe identifica tres factores clave en esta realidad: el acceso irregular al mercado laboral, salarios insuficientes para cubrir los gastos básicos y la imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones asequibles.

Dificultades crecientes en el acceso a la salud

Otro de los aspectos que se agrava es el acceso a tratamientos y productos sanitarios. Más de 260.000 personas afirman haber tenido que renunciar a medicamentos, prótesis o dietas prescritas por motivos económicos, lo que afecta directamente a su bienestar y profundiza su vulnerabilidad social.

En total, el 11,2% de la población presenta dificultades económicas para cubrir necesidades básicas de salud, 3,5 puntos más que en 2018.

Este informe forma parte de los 22 estudios territoriales elaborados por FOESSA dentro del proceso de investigación del IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Sus datos, basados en la encuesta EINSFOESSA 2024 realizada a más de 12.000 hogares en todo el país, ofrecen una imagen precisa y comparable de la evolución social reciente en Castilla y León y sirve para orientar las políticas públicas y la acción social de entidades como Cáritas.